En un reciente artículo, Enrique Devesa y Javier Olaechea analizan la llamada Tabla 29 o Tabla de Pensiones del INE, una herramienta estadística diseñada para estimar el valor actual de los derechos pensionables que ya han generado los hogares españoles dentro del sistema públicos de pensiones. Los autores destacan que se trata de una estadística poco conocida fuera de los ámbitos especializados, pero muy útil para comprender la dimensión real de los compromisos asociados al sistema de pensiones.
Uno de los aspectos que los autores consideran más importantes es aclarar qué representa realmente esta tabla. La Tabla 29 no mide la deuda pública. Su finalidad es distinta: calcular cuánto valen hoy los derechos pensionables ya acumulados por trabajadores y pensionistas, estimando los pagos que se efectuarán en el futuro y descontándolos a valor presente mediante técnicas actuariales. Por tanto, refleja una estimación estadística de compromisos futuros, no una obligación jurídica equivalente a la deuda pública del Estado.
Para elaborar esta valoración, el INE combina información procedente de diversas instituciones, entre ellas la Seguridad Social, el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A partir de esos datos se proyectan los flujos futuros de prestaciones y se aplican hipótesis demográficas, económicas y financieras. Un elemento especialmente importante es el tipo de descuento utilizado, ya que pequeñas variaciones pueden modificar significativamente el resultado final.
El artículo explica que esta perspectiva complementa la información habitualmente utilizada en el debate público sobre pensiones. Normalmente la atención se centra en el gasto anual, los ingresos por cotizaciones o el déficit del sistema. Sin embargo, la Tabla 29 pone el foco en los derechos adquiridos por los ciudadanos a lo largo del tiempo. En lugar de analizar únicamente los flujos económicos de cada ejercicio, examina el volumen acumulado de derechos ya generados por trabajadores y pensionistas.
Los datos recogidos muestran un fuerte incremento de los derechos acumulados en el sistema público español. Según las cifras presentadas, el valor actuarial estimado de estos derechos pasó de unos 4,3 billones de euros en 2015 a aproximadamente 5,6 billones en 2018 y alcanzó 6,13 billones de euros en 2021. Cuando se relacionan con el tamaño de la economía española, estas cantidades equivalen al 338 % del PIB en 2015, al 354 % en 2018 y al 496 % en 2021. Además, la comparación internacional resulta igualmente significativa, ya que de acuerdo con los datos de Eurostat citados en el artículo, España aparece como el país con mayor volumen de derechos de pensión en relación con el PIB entre los países analizados de la Unión Europea y la EFTA. Tras ella se sitúan Austria e Italia.
Finalmente, los autores relacionan la Tabla 29 con el debate sobre posibles reformas del sistema de pensiones. Consideran que esta información permite comprender mejor la magnitud de los derechos ya reconocidos y el reto que supondría cualquier transformación profunda del modelo actual. Como ejemplo, señalan que si se planteara una transición hacia un sistema basado íntegramente en cuentas individuales de capitalización, sería necesario encontrar la forma de financiar los derechos acumulados por pensionistas y trabajadores, cuyo valor estimado ascendía a más de 6 billones de euros en 2021.
En conclusión, el artículo defiende que el análisis de las pensiones no debe limitarse a evaluar ingresos, gastos o déficits anuales. También es necesario considerar los derechos adquiridos por los ciudadanos y valorar el sistema desde una perspectiva actuarial. La Tabla 29 cumple precisamente esa función, al ofrecer una estimación homogénea y comparable de los compromisos acumulados del sistema de pensiones, aportando una visión complementaria y más amplia para el debate sobre su evolución futura.
Referencias
Devesa E., y J. Olaechea, 2026. “La Table 29 del INE: una valoración actuarial de los derechos de pensión. Índice: Revista de Estadística y Sociedad. 102, julio de 2026, pp. 29-31.
