Los economistas Santiago Calvo y Daniel Fernández han publicado El elefante en la habitación: la insostenibilidad del sistema de pensiones, un ensayo dedicado a analizar los desequilibrios estructurales del sistema público de pensiones en España, y a formular una propuesta de reforma.
El primer síntoma de ese desequilibrio es el peso creciente del gasto en pensiones: representa cerca del 13% del PIB y podría alcanzar el 16,7% en las próximas décadas. Ese gasto no se cubre solo con cotizaciones: en 2025, el saldo básico del sistema registró un déficit de 69.783 millones de euros. Las cotizaciones sociales financiaron solo siete de cada diez euros destinados al pago de las pensiones. El resto lo cubrió el Estado, con un coste anual cercano al 3,8% del PIB. Por su parte, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, prácticamente agotado durante la década anterior, alcanzó los 14.300 millones de euros a finales de 2025, una cantidad que apenas cubriría una mensualidad de las pensiones contributivas. El libro cuestiona además su política de inversión: a diferencia de otros fondos europeos con carteras más diversificadas, el fondo español concentra la mayor parte de sus recursos en deuda pública nacional, lo que limita su rentabilidad y su capacidad de actuar como mecanismo de estabilización.
El sistema español se aleja de la llamada «regla de oro» de los sistemas de pensiones -la correspondencia entre los ingresos obtenidos y las prestaciones comprometidas- por dos razones. La primera es la evolución de las prestaciones: la combinación de su revalorización con la inflación, las reglas de cálculo y el aumento de la longevidad lleva a que, hacia 2045, los pensionistas perciban durante su jubilación hasta el doble de lo que aportaron a lo largo de su vida laboral. La segunda es demográfica. A mediados de los ochenta había cinco cotizantes por pensionista y una esperanza de vida de 76 años, once por encima de la edad de jubilación; en 2025 la ratio es de 2,1 cotizantes por pensionista, con una esperanza de vida de 84 años. A ello se suma el descenso de la fecundidad, de 2,77 hijos por mujer en 1975 a 1,1 en 2025, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1. Sin flujos migratorios suficientes, esta evolución reduce de forma progresiva la población en edad de trabajar y, con ella, la base potencial de cotizantes.
Frente a este diagnóstico, el libro plantea una reforma en tres pilares, con elementos de los modelos aplicados en Suecia, Alemania y Chile. El primero introduce un sistema de cuentas nocionales: las cotizaciones de cada trabajador se registran en una cuenta individual de carácter contable, cuyo saldo se actualiza cada año conforme al crecimiento de la economía española. No se trata de un capital efectivamente depositado o invertido, sino de un derecho pensionable registrado de forma individual, donde la pensión inicial se calcula a partir de ese saldo nocional y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación. El segundo pilar, inspirado en los sistemas sueco y alemán, destina obligatoriamente una parte de las cotizaciones a fondos de inversión públicos o privados sujetos a supervisión y auditoría, con el objetivo de diversificar las fuentes de renta durante la jubilación. El tercer pilar, de carácter voluntario, busca fomentar el ahorro privado: sus rendimientos tributarían como rentas del ahorro, con un tratamiento fiscal más favorable que el de las rentas del trabajo.
El principal obstáculo para esta reforma es su coste político. El sistema vigente puede resultar favorable para determinados individuos o generaciones, aunque genere desequilibrios cuando se analiza de forma agregada e intertemporal, y esa divergencia entre incentivo individual y sostenibilidad colectiva dificulta cualquier modificación que afecte a las expectativas de los actuales trabajadores y pensionistas. A esto se añade el coste de transición: destinar parte de las cotizaciones actuales a fondos de capitalización reduciría, al menos inicialmente, los recursos disponibles para financiar las pensiones ya reconocidas, por lo que la implantación del nuevo sistema exige definir cómo se cubre esa brecha temporal y cómo se distribuye el coste entre generaciones. Finalmente, y como mecanismo de transparencia, se propone que el Estado remita anualmente a cada trabajador un informe con las aportaciones efectuadas, la rentabilidad obtenida y el saldo acumulado en cada uno de los tres pilares.
El libro combina así un diagnóstico de los desequilibrios financieros y demográficos del sistema con una propuesta de transición hacia un modelo mixto, basado en cuentas nocionales, capitalización obligatoria y ahorro voluntario. La cuestión pendiente es si existe capacidad política para asumir los costes distributivos y transitorios de la reforma antes de que los desequilibrios del sistema exijan un ajuste de mayor alcance.
